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Cambio de domicilio social de las empresas

El Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, 7 de octubre,  ha publicado el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos que permite a las empresas cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de socios.

Este nuevo procedimiento, que ha entrado en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, se aplicará a todas las empresas salvo aquellas cuyos estatutos incluyan una “mención expresa” por la que el órgano de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.

De acuerdo con su disposición transitoria única, existe esa mención cuando, tras la aprobación de la normativa, se cambien los estatutos para declarar “expresamente” que “los administradores no ostentan la competencia para cambiar el domicilio social”

Entrada en vigor: El 7 de octubre de 2017, día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado

Finalidad de la norma: Pretende evitar que las divergencias interpretativas y controversias societarias demoren la eficacia del traslado del domicilio dentro del territorio español.

Contenido más relevante: Se modifica el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio aportando una redacción clara, conforme a la cual no existan dudas de que la regla general es que el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional es una competencia que corresponde originariamente al órgano de administración de la sociedad y de que solo si los socios consideran que dicha regla debe modificarse lo deben establecer en los estatutos, negando expresamente esta competencia al órgano de administración.

Ámbito de aplicación: Esta norma afecta a todas las empresas que tengan su domicilio en España, sean nacionales o extranjeras, con independencia de la cuantía de su capital social salvo a aquellas que, con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto ley, modifiquen sus estatutos para incluir una “”mención expresa” por la que el órgano de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.

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