La normativa española sólo permite procesar datos personales sin consentimiento de los interesados cuando consten en fuentes accesibles al público. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal esa parte de la norma española y ha dado la razón a las empresas que gestionan registros de morosos.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.
